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Los actuarios y los decretos de emergencia social.
Los decretos de emergencia social expedidos recientemente por el Gobierno Nacional, han llamado la atención pública sobre el debate de la viabilidad y la sostenibilidad de uno de los pilares del Sistema de Seguridad Social Colombiano como lo es el de la Salud. La Asociación Colombiana de Actuarios no es ajena a esta preocupación que es compartida por distintas entidades de carácter público y privado, así como por diferentes agrupaciones de profesionales y de usuarios de este sistema. A continuación presentamos una posible aproximación para la discusión constructiva de esta problemática.
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Desde el punto de vista de las ciencias actuariales, los sistemas de seguridad social en salud no pierden su esencia fundamental de ser un seguro. En consecuencia constituyen un acuerdo donde existe transferencia de riesgos mediante intercambios económicos que exigen equilibrio. Es decir, un sistema donde los ingresos esperados son iguales a los egresos esperados. En nuestro sistema, los primeros corresponden a las primas, aportes, cotizaciones, subsidios, impuestos, rendimientos financieros o cualquier dinero que la sociedad o los asegurados aporten al sistema. Mientras que los egresos corresponderían a los dineros destinados a pagar los reclamos o siniestros, es decir, los pagos por los servicios, atenciones y suministros a quienes se enferman o se accidentan y demandan prestaciones del sistema de salud; en este rubro también se incluirían los costos de administración del sistema. Este delicado equilibrio, que escrito como una ecuación correspondería a “Ingresos Esperados = Egresos Esperados”, es lo que llamaremos la “ecuación fundamental del sistema de salud”.
Al parecer en Colombia la ecuación fundamental del sistema de salud no está en equilibrio y esto no solo debido a un desequilibrio en la transferencia de riesgos propios de la salud, sino también a lo que en Gobierno Corporativo se denomina un “problema de agencia” * y que conlleva a confrontar otros riesgos como el moral (el incentivo en la gente a buscar más servicios de salud que los que realmente requiere cuando cuenta con este seguro) o el riesgo de demanda inducida (el incentivo en los proveedores de salud a suministrar más servicios o medicamentos de los que se requieren cuando se les paga por ellos) cuyos efectos económicos no pueden ser ignorados.* *
* “La teoría de la agencia analiza la forma de los contratos formales e informales mediante los que una o más personas denominadas como "el principal" encargan a otra persona denominada "el agente", la defensa de sus intereses delegando en ella cierto poder de decisión. Esta situación es muy frecuente en la sociedad humana. Se da, por ejemplo, cuando el ciudadano-votante-elector encarga a su representante político la elaboración y aplicación de normas legales para el beneficio común. También se da cuando los accionistas de una empresa encargan su gestión a un administrador. La relación de agencia implica siempre la existencia del problema del riesgo moral: la posibilidad de que el agente (gestor político, gestor empresarial) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista)" .Tomado de http://www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm.
* * Ver Cutler D. y Zeckhauser R. .“The anatomy of health insurance”. NBER working paper No 7176.June 1999.JEL No 11. |
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Los decretos parecen tener la intención de restablecer parcialmente el equilibrio perdido de la ecuación fundamental, tomando medidas de choque como la declaratoria de la Emergencia Social y las que desarrollan los artículos de los diferentes decretos que han sido publicados. Entendemos que este paquete de medidas busca, entre otros, responder al mandato de una sentencia de la Corte Constitucional, pero con el transcurrir de los días se ha hecho evidente que no tuvieron la suficiente discusión al interior de equipos interdisciplinarios que involucraran a las diferentes partes interesadas (academia, actuarios, médicos, usuarios, etc.) y al parecer sin contar con la totalidad de información cuantitativa objetiva de la experiencia observada que permitiera sustentar las medidas adoptadas y encontrar la mejor manera de comunicarlas al público. En consecuencia, es nuestra opinión que el trabajo hasta aquí realizado debe mejorarse y no responde a un cambio estructural del diseño del sistema de salud para que los supuestos de la ecuación fundamental se restablezcan en el corto plazo y se ajusten a cualquier cambio futuro que afecte su viabilidad.
Consideramos que las medidas que se adopten deben tener un respaldo basado en evidencias objetivas que en primera instancia suministrarían unas bases de información adecuadamente organizadas y preparadas para la cuantificación tanto de los ingresos como de los egresos de la ecuación fundamental, minimizando de esta forma la discusión basada en juicios subjetivos. Esto debería facilitar a su vez el proceso de negociación, entendimiento y concertación entre las diferentes partes interesadas, pues lo que está en juego es la viabilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, con el beneficio adicional que daría la posibilidad de explicar mucho más claramente y de manera pública, los costos que para todos tendría como Nación, el no llegar a una solución razonable y concertada en este tema.
Aún hay tiempo para actuar. La Asociación Colombiana de Actuarios pone a disposición el conocimiento y especialización que sobre esta materia tienen varios de sus miembros, para participar activamente en la búsqueda y formulación de propuestas de solución, así como también de la valoración económica de diferentes políticas de manejo que puedan surgir de los diferentes grupos interdisciplinarios que el Gobierno decida constituir para el debate público de este tema. Cualquier medida que ignore la cuantificación, gestión y administración adecuada de los riesgos sobre los cuales hemos llamado la atención y que no promueva el uso eficiente de los recursos, está condenada a fracasar y a llevarnos hacia un sistema de salud que no es viable.
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